03 de noviembre del 2017. Antes de la aplicación de esta ley, existía una notoria desigualdad en el trato respecto de la responsabilidad administrativa entre funcionarios públicos, sea fiscales o municipales y las fuerzas armadas, pues los plazos de prescripción de la acción administrativa eran diferentes, en circunstancias que la naturaleza de la función eran las mismas, o sea, públicas. La responsabilidad administrativa se persigue a través de una investigación que recibe el nombre de sumario, mediante el cual se determinará si hay responsabilidad en situaciones irregulares. Por ejemplo, el cobro por servicios que son gratuitos. La sanción que trae consigo este tipo de responsabilidad puede ir de la amonestación hasta la explusión del servicio, por lo que hay que diferenciarla de la responsabilidad civil y penal que son independientes de ésta.
La prescripción en términos generales y en lenguaje común, es la impunidad por el paso del tiempo. Es decir, transcurrido un período de tiempo ya no existe acción para perseguir a alguien por su responsabilidad administrativa, en este caso, tratándose de una función pública. Es administrativa, porque es atribuible a un funcionario público que realiza una labor social pública, perteneciente a la Administración Pública, a diferencia de un trabajador del área privada, como sería un empleado bancario.
Esta nueva ley, la número 21.041/2017, viene a equilibrar un tanto las cosas. Ahora se ha uniformado este plazo de prescripción en 4 años, tanto para funcionarios públicos como para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, incluido Investigaciones de Chile. Antes este plazo era de dos años para las Fuerzas Armadas y 6 meses, para Carabineros. Esto tiene su importancia, pues posibilita la investigación de hechos irregulares por más tiempo, transformándose en una herramienta poderosa que facilite el acceso a la justicia administrativa por parte de los particulares y por los mismos jefes de servicio. Al menos, ese debiera ser el destino de esta modificación y velar por el principio de probidad en el quehacer público.
Revisa la nueva ley acá: Aumenta prescripción acción administrativa